Proceso penal directo frente al derecho a la defensa

Abstract

En este artículo científico, se exploró y evaluó la posible violación del derecho a la defensa tanto para el acusado como para las víctimas en el contexto del procedimiento directo en asuntos penales. Se destacó principalmente la falta de tiempo adecuado para que la fiscalía realice su labor en el ejercicio público de la acción penal. Se plantearon cuestionamientos para identificar los beneficios y desafíos del procedimiento directo, la velocidad del proceso, el riesgo de un doble enjuiciamiento por los mismos hechos, y se examinaron experiencias comparadas en relación con los plazos disponibles. El enfoque de esta investigación fue cualitativo, con un nivel descriptivo y un tipo de investigación básica o sustantiva. La técnica utilizada para recopilar información involucró la revisión de documentos, legislación vigente, literatura académica, jurisprudencia y comparación con prácticas legales en otros países. La herramienta principal para recolectar datos fue la elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas. Los resultados obtenidos incluyeron el análisis de casos como el de Arguelles y otros, que subrayó la importancia de que la duración de un proceso sea razonable. Además, se mencionó el caso de Ponguillo Ortega, quien fue juzgado por los mismos hechos en procedimientos directos y ordinarios. Se observó que en varias naciones de Latinoamérica se ha establecido un plazo superior a 30 días para realizarse una audiencia de juicio. En conclusión, estos hallazgos señalan que existe una afectación del derecho a la defensa tanto para el acusado como para las víctimas durante el desarrollo del procedimiento directo, así como para la fiscalía. En consecuencia, se subraya la necesidad de implementar procesos más ágiles y eficientes en nuestro país que garanticen los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el procedimiento.