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Desnaturalización del régimen disciplinario a docentes sometidos a la LOEI al introducir un sistema adversarial
(Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica, 2026) Ruiz Bautista, José Antonio; Alvarado Verdezoto, Juan Francisco
El procedimiento administrativo disciplinario constituye un mecanismo de formación de voluntad estatal destinado a determinar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones conforme a la ley. A diferencia de los procesos jurisdiccionales, su diseño responde a un modelo inquisitivo garantista, en el que la Administración investiga y decide mediante órganos internos que no actúan como partes, sino como autoridades imparciales obligadas a reconstruir los hechos con sujeción al interés general y a los derechos del administrado. El problema jurídico surge cuando el Reglamento a la LOEI incorpora al “abogado institucional” como sujeto acusador con funciones activas de impulso, prueba y alegación, configurando un esquema adversarial impropio del procedimiento administrativo. En este contexto el objetivo general es “Examinar si la participación del abogado institucional como acusador altera la estructura y garantías propias del procedimiento administrativo disciplinario.” Los resultados evidencian que dicha figura rompe la lógica inquisitiva del procedimiento, desnaturaliza el rol del sustanciador y crea una relación de partes incompatible con el modelo previsto por el COA y la doctrina sancionadora. Se concluye que la intervención acusatoria del abogado institucional configura una distorsión normativa que afecta la imparcialidad, el equilibrio procedimental y la validez misma del sumario disciplinario.
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La citación por la prensa: tensiones entre legalidad formal y eficacia real en el derecho a la defensa en Ecuador
(Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica, 2026) Ramon Yanchatipan, Karen Giomayra; Cardenas Paredes, Karina Dayana
El presente artículo analiza la tensión entre la legalidad formal y la eficacia real de la citación por la prensa en el derecho procesal ecuatoriano, destacando su incidencia en el derecho a la defensa y el debido proceso. El objetivo de la investigación fue examinar si este mecanismo excepcional, previsto para evitar la paralización del proceso cuando el domicilio del demandado es desconocido, garantiza efectivamente el conocimiento real del proceso o si se convierte en un formalismo que puede generar indefensión. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, mediante el método dogmático-exegético, el análisis normativo del Código Orgánico General de Procesos y la Constitución, así como el análisis documental y jurisprudencial, especialmente de la sentencia No. 2791-17-EP/23 de la Corte Constitucional. Los resultados evidencian que, aunque la citación por la prensa cumple con los requisitos legales formales, su eficacia material es limitada, pues se sustenta en una presunción débil de conocimiento que no siempre garantiza la participación del demandado, especialmente en contextos de vulnerabilidad como el analfabetismo o la falta de acceso a medios de comunicación. Asimismo, se determinó que su aplicación sin agotar previamente todas las diligencias razonables vulnera el derecho a la defensa y el principio de debida diligencia, por lo que se plantea la necesidad de fortalecer los estándares judiciales y modernizar los mecanismos de citación para asegurar una tutela judicial efectiva.
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Tenencia en niños, niñas y adolescentes y su admisibilidad en procesos de mediación y arbitraje
(Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica, 2026) Plasencia Jami, Lina Gissela; Salazar Orozco, Ricardo Hernán
El presente estudio analiza la validez constitucional de la mediación en procesos de tenencia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a partir de la tensión existente entre la promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (art. 190 de la CRE) y el modelo de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes consagrado en el artículo 44 del mismo cuerpo normativo. La investigación parte del reconocimiento del interés superior del niño como principio rector del Derecho de Familia y como parámetro de validez de toda decisión que incida en su desarrollo integral. Mediante un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal, se examinan los límites materiales de la mediación y la inadmisibilidad del arbitraje en conflictos de tenencia, considerando la naturaleza indisponible de los derechos de la niñez. Se identifican las ventajas procedimentales de la mediación (celeridad, consenso y confidencialidad), pero se sostiene que estas no constituyen criterios autónomos de legitimación cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales. El estudio concluye que la mediación en procesos de tenencia es constitucionalmente admisible únicamente bajo control judicial sustantivo, con motivación reforzada y garantía del derecho del niño a ser escuchado. En contraste, el arbitraje resulta estructuralmente incompatible con este tipo de controversias. Se afirma, en consecuencia, que la mediación puede operar como mecanismo complementario del proceso judicial, pero nunca como sustituto del control jurisdiccional exigido por el principio del interés superior del niño.
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La prueba superviniente
(Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica, 2026) Peñaloza Morales, Lilia Marisol; Pangol Lascano, Alberto Mauricio
La prueba superveniente es fundamental en el ámbito procesal porque permite incorporar nuevos medios probatorios que surgen después de la etapa ordinaria de ofrecimiento de prueba. Su inclusión busca garantizar el principio de verdad material y el derecho a la defensa. Se configura como un mecanismo excepcional que fortalece la justicia sustancial sobre la meramente formal. No obstante, este tipo de prueba enfrenta múltiples desafíos, tanto en su admisión como en su valoración. Las barreras legales, los criterios dispares en la jurisprudencia y la falta de uniformidad normativa en distintos sistemas jurídicos generan tensiones entre celeridad procesal y plenitud probatoria, afectando en muchos casos la seguridad jurídica y la predictibilidad de los fallos. Este artículo tiene como objetivo analizar el comportamiento, la evolución doctrinal, la legislación comparada y los vacíos legales-procesales que rodean la prueba superveniente. Parte de un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo-interpretativo. La revisión normativa, jurisprudencial y doctrinal identifica la necesidad de establecer criterios claros sobre su procedencia, admisión oportuna y límites procesales. Esto evita su uso abusivo o su exclusión arbitraria. Se concluye que la prueba superveniente es una herramienta clave para descubrir la verdad en el proceso judicial. Sin embargo, su eficacia depende de equilibrar la flexibilidad probatoria con las garantías procesales. Asimismo, se propone una línea de reformas que fortalezcan su regulación, orientadas a la equidad y eficiencia del proceso.
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Efecto del receso judicial en la caducidad de acciones contencioso-administrativas y tutela judicial efectiva
(Ambato: Universdad Tecnológica Indoamérica, 2026) Paguay Ledesma, Aracelly Esther; Calle Camacho, Karla Johanna
La regulación ecuatoriana del contencioso-administrativo sitúa al justiciable ante una contradicción práctica: los plazos breves de caducidad para demandar pueden consumarse durante el receso judicial, aun cuando el cierre institucional impida ingresar la demanda, lo que convierte una medida concebida para proteger garantías procesales en un factor de pérdida definitiva del derecho de acción. La investigación adopta una metodología cualitativa, dogmático-jurídica y hermenéutica, basada en el mapeo del bloque normativo aplicable, la interpretación sistemático-teleológica de la caducidad y del receso, el análisis de contenido de jurisprudencia relevante y la aplicación de un test de proporcionalidad para medir la intensidad de la afectación. La discusión sostiene que limitar la suspensión de términos a “procesos en trámite” produce una indefensión material incompatible con la tutela judicial efectiva y con el principio pro actione, pues el tiempo corre contra quien enfrenta una imposibilidad objetiva creada por el propio sistema. Se argumenta que existen alternativas menos lesivas —no cómputo o suspensión del plazo durante el receso, habilitación mínima de recepción o corrección del dies a quo— que preservan seguridad jurídica sin clausurar el acceso a la justicia. Se concluye que, ante impedimento institucional por receso, el término de caducidad debe suspenderse o, al menos, no computarse, y que una reforma legislativa expresa reduciría litigios y garantizaría coherencia normativa.