La constitucionalidad de la ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural frente a los derechos de los docentes. Análisis del caso Nro. 32-21-IN y acumulados.

Abstract

En el análisis que se realizó sobre el caso signado con el Nro. 32-21-IN y acumulados, se procedió a revisar el procedimiento parlamentario para la formación de una reforma legal a un cuerpo normativo, para el caso en análisis, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la misma que regula la educación primaria y secundaria en el Ecuador. La trascendencia social a nivel nacional de la reforma legal tiene dos aristas importantes que fueron observadas y desarrolladas en esta investigación, tales como: el procedimiento legislativo y el constitucional; y, el poder y contra poder con respecto a la objeción o sanción de los proyectos de ley. Con aquello se logró identificar, como establece la sentencia de la Corte Constitucional, que los procedimientos de formación normativa que lleva a cabo el poder legislativo no deben recaer en vicios de forma o de fondo, los cuales podrán acarrear una inconstitucionalidad normativa, la misma que no podrá ser ejecutada una vez que entre en vigor, como se evidencia en esta investigación sobre una excesiva determinación de derechos a docentes sin una base económica que respalde la aplicación de una norma reformatoria con un supuesto respaldo en una progresividad de derechos que en teoría son aceptables para todos pero inejecutables en la práctica por una inexistente coordinación entre los poderes estatales. Es así como, la investigación cumple con los objetivos planteados como el examinar la constitucionalidad de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su estudio previo a la reforma, los procedimientos llevados a cabo por el poder legislativo y el ejecutivo del Ecuador y la determinación de la progresividad de derechos sin caer en populismos normativos. Con todo el estudio realizado se concluye que ningún procedimiento parlamentario debe establecer derechos que no podrán ser ejecutados por el poder ejecutivo en cualquiera de sus carteras de Estado inobservando normas constitucionales y no congruentes a la realidad económica nacional.