La prestación de alimentos a la mujer embarazada frente a la seguridad jurídica: Análisis de la sentencia 325-23-EP/23

Abstract

La legislación vigente, específicamente el Código de la Niñez y Adolescencia (2014), establece normas que garantizan derechos fundamentales para las mujeres embarazadas, particularmente en lo que respecta a la pensión alimentaria. Este derecho se extiende desde la concepción hasta el periodo de lactancia, conforme a lo establecido en el artículo 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (2014). De acuerdo con este artículo, la pensión alimentaria tiene como objetivo garantizar el bienestar del niño. Asegura que se cubran sus necesidades básicas, tales como alimentación, salud, vestuario, vivienda y atención durante el parto, puerperio y lactancia. Este derecho protege tanto al niño como a la madre, aliviando la carga económica durante el embarazo y la lactancia. El problema identificado radica en la ejecución y cumplimiento de estos derechos, dado que la falta de atención a las normativas puede vulnerar la seguridad jurídica de las mujeres y sus hijos, afectando su bienestar. El objetivo general es asegurar la protección y el acceso a los recursos necesarios que permitan tanto a las mujeres embarazadas como a sus hijos gozar de condiciones adecuadas para su desarrollo. La metodología utilizada implica un análisis cualitativo sobre la aplicación de la legislación y las deficiencias que pueden surgir en los procesos judiciales relacionados con la obtención de estos derechos. El principal hallazgo revela la necesidad de fortalecer la educación y la sensibilización acerca de los derechos establecidos, promoviendo la corresponsabilidad entre los padres y facilitando procesos judiciales más accesibles y eficientes. Para lograr estos objetivos, es esencial que las autoridades implementen medidas para garantizar la correcta aplicación de las normativas, promoviendo la igualdad y asegurando la protección de los derechos de las mujeres y los niños en todas las etapas de su desarrollo. El artículo 150 del Código de la Niñez y Adolescencia (2014) establece que la pensión alimentaria debe ser determinada desde el momento de la presentación de la demanda, aplicándose de manera similar a los casos de alimentos para hijos. De esta forma, la legislación garantiza el acceso a los recursos necesarios para las mujeres embarazadas y sus hijos. La Corte Constitucional de Ecuador (2021) destacó que la falta de cumplimiento de estos derechos vulnera la seguridad jurídica de las mujeres embarazadas y sus hijos. En este sentido, subrayó que la responsabilidad de cubrir los gastos relacionados con el embarazo y la lactancia debe ser compartida por ambos progenitores (p. 45). Es fundamental garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia (2014) para asegurar la protección y el bienestar de las mujeres embarazadas y sus hijos. La educación sobre estos derechos debe fortalecerse, promoviendo la corresponsabilidad entre los padres y asegurando que los procesos judiciales para la obtención de estos derechos sean accesibles y eficientes. Por lo tanto, las autoridades deben garantizar la correcta aplicación de las normas, promoviendo la igualdad y protegiendo los derechos de las mujeres y los niños a lo largo de todas las etapas de su desarrollo.