ANÁLISIS DE LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS POR PARTE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

Abstract

A partir del reconocimiento reflejado en la Constitución de la República del Ecuador, aprobada a partir del año 2008, y según reposa en el artículo 78 donde se expresa, la efectiva protección especial a las víctimas de los delitos, ello permite garantizar la no revictimización, y de manera implícita en la obtención y valoración de las pruebas, lo que acuña: ser protegidas contra cualesquiera amenaza, o algunas otras formas de intimidación, así mismo, se garantiza la reparación holística, bajo un carácter totalizador, que implica el conocimiento de la verdad de los hechos, de igual forma la restitución, la rehabilitación, la especificar indemnización, que acá es el de los hechos, como garantía de repetición y satisfacción del derecho violentado. Por tanto, día en el nuevo sistema penal acusatorio, es posible reconocer en cuanto a la defensa de las víctimas de los delitos que toma especial importancia, así como la norma constitucional que dispone del establecimiento de un efectivo, comprometido, profesional y transparente de protección y atención a las víctimas, para los testigos y también para aquellos que contribuyen como un eje de participación procesal. De ahí que, en el presente trabajo intelectivo, fue posible analizar si los avances al igual que los principios que se encuentran tipificados en la Constitución de la xii República del Ecuador: Código Orgánico Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, carácter determinante en la protección a las víctimas, al igual que a los testigos que arbitran de manera activa en el proceso penal cuya finalidad es inquisitiva en el cumplimiento a cabalidad y si existe una eficaz, eficiente y efectiva protección a pares o a terceros, quienes se constituirán en pilares fundamentales implicados en el sistema penal acusatorio, para evidenciar un efectivo testimonio etnográfico de los hechos atribuibles. De manera que, en el presente trabajo de investigación acción participativa fue posible analizar desde la lógica y la sistematicidad si la entidad estatal que se encuentra encargada de patrocinio y la direccionalidad para con las víctimas en la fase pre-procesal y procesal y verificar el transparente cumplimiento para con el mandato constitucional ecuatoriano. Así, del análisis sistémico realizado que se fundamenta en la observación directa, en el trajinar de la ciudadanía, así como, en los diferentes escenarios o contextos de dependencias de la Fiscalía General del Estado, como para también ser implicativos los juzgados y los Tribunales de Justicia en materia penal. Frente a este tipo de circunstancias, sería plausible y placentero que se acoja las conclusiones y recomendaciones que caracterizan la presente indagación intelectiva, cuya finalidad expresa la necesidad de reformar todos aquellos implicativos del Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad de otorgarle las experticias necesarias a la Fiscalía General del Estado, mediante la participación directa de la Coordinación Nacional y Coordinaciones Provinciales que responda al Sistema de Protección a víctimas y testigos, el patrocinio y defensa de las víctimas de los delitos, como una analogía a la Defensoría Pública -no por el mal actuar de este organismo, o la exigua capacitación y profesionalización- en la defensa las víctimas, sino por el contrario -porque estás a saber, que esta misma entidad defiende también a los implicados o sospechosos y procesados, presuntos autores de los delitos- lo que xiii lamentablemente generará desconfianza que limite la búsqueda de patrocinio, y cuya meseta genera y probablemente generará contribución a la impunidad.