Seguridad jurídica, garantías jurisdiccionales y derechos de propiedad intelectual: análisis de la sentencia No. 446-19-EP/24

Abstract

La investigación se centra en el análisis de la Sentencia No. 446-19-EP/24 de la Corte Constitucional del Ecuador, en ella, se examina la relación entre seguridad jurídica, garantías jurisdiccionales y derechos de propiedad intelectual. El estudio enfatiza que el uso impropio de la acción de protección y de medidas cautelares puede alterar la finalidad de las garantías constitucionales, comprometer la estabilidad normativa y generar tensiones entre la justicia constitucional y la administración especializada en propiedad intelectual. El propósito principal fue evaluar cómo la Corte Constitucional abordó la problemática, vinculando la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial con los principios de legalidad y debido proceso. Entre los objetivos específicos se incluyó la identificación del marco normativo ecuatoriano, el análisis doctrinario de las vías procesales adecuadas, la revisión de los argumentos de la Corte y la valoración del impacto de la sentencia en la tutela de los derechos intelectuales. La metodología combinó el razonamiento deductivo, que permitió verificar la coherencia de la motivación judicial; el estudio de caso, aplicado a los antecedentes y efectos de la sentencia; y la comparación jurisprudencial, que facilitó la identificación de las tendencias y la delimitación de los precedentes vinculantes. Los resultados muestran que los jueces de primera y segunda instancia concedieron medidas cautelares sin fundamentación suficiente, desnaturalizando la acción de protección y vulnerando tanto la seguridad jurídica como el debido proceso. La Corte corrigió estas actuaciones, delimitó el alcance de las garantías jurisdiccionales y reafirmó que los conflictos de propiedad intelectual deben resolverse en sede administrativa especializada. Además, dispuso medidas de reparación integral, como el archivo del proceso, la atención disciplinaria a los jueces y la difusión de la sentencia. En conclusión, el fallo constituye un precedente relevante que fortalece la certeza normativa, reafirma la importancia de la motivación judicial y delimita competencias entre justicia constitucional y administración especializada, contribuyendo a consolidar un marco de confianza institucional y equilibrio entre tutela efectiva e innovación tecnológica.