Control de constitucionalidad de normas conexas en garantías jurisdiccionales. Análisis de la sentencia No.380-17-sep-CC de la Corte Constitucional del Ecuador

Abstract

El presente trabajo investigativo tiene como objeto abordar el alcance del control de constitucionalidad como mecanismo para garantizar la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico interno. El control de constitucionalidad ha evolucionado a lo largo de la historia, diferenciándose principalmente por el órgano colegiado que ejerce el control de la norma infraconstitucional, es decir, este control puede ser concentrado, difuso, mixto, abstracto, concreto, previo o posterior. De ahí que, corresponde analizar el modelo de control constitucional vigente en Ecuador desde la Constitución de 2008, en el cual se le otorgó la facultad de vigilante y máximo interprete en esta materia a la Corte Constitucional, que ha ejercido de oficio un control de constitucionalidad de normas conexas en los casos sometidos a su conocimiento. En este sentido, se examinarán las garantías jurisdiccionales que son competencia exclusiva de la Corte Constitucional, respecto de las cuales se realiza un control de normas conexas. Además, en la sentencia No. 380-17-SEP-CC, de 22 de noviembre de 2017, se revisará la inconstitucionalidad del artículo 102 de la Ley de Seguridad Social, que permitió ampliar la asistencia médica del Seguro General de Salud Individual y Familiar, a los dependientes menores de edad que estén bajo custodia o acogimiento de un afiliado. En este contexto de reforma legal, es importante conocer y definir los alcances de la facultad que tiene la Corte Constitucional, para declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma conexa. Surgen entonces interrogantes respeto de las limitaciones que tendría la Corte Constitucional para reformar una norma inconstitucional en el marco de un control de constitucionalidad, si bien, su principal atribución en garantizar los derechos de las personas, y por consiguiente procurar la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico, no se ha previsto el impacto que conllevaría acceder a un derecho que esté ligado a la prestación de un servicio.