La constitucionalidad del artículo 95 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública: Análisis de la sentencia 87-20-IN/23

Abstract

El presente trabajo analiza la constitucionalidad del segundo inciso del artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que establecía la improcedencia de acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral de contratos públicos, a partir del estudio de la Sentencia 87-20- IN/23 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. El problema central radica en determinar si dicha disposición vulneraba derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso, restringiendo el acceso a la justicia para los contratistas afectados. El objetivo del estudio fue analizar el alcance de este artículo para garantizar la tutela judicial efectiva en los procesos de contratación pública, partiendo de la hipótesis de que la exclusión de las acciones constitucionales resultaba incompatible con los principios de supremacía constitucional y progresividad de los derechos. La metodología empleada combinó el análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial, utilizando el método de estudio de caso, revisión bibliográfica y la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. Entre los principales resultados se evidenció que la disposición impugnada limitaba de forma absoluta el control judicial de actos administrativos que podían afectar derechos fundamentales, contraviniendo los artículos 75 y 76 de la Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador concluyó que la existencia de mecanismos ordinarios de defensa no justifica impedir el análisis constitucional en casos concretos. Finalmente, se concluye que garantizar el acceso a acciones constitucionales frente a resoluciones de terminación unilateral de contratos fortalece el Estado constitucional de derechos y justicia, asegura la supremacía de la Constitución y protege efectivamente los derechos de los contratistas, sentando un precedente importante para el sistema de contratación pública en Ecuador.