Derecho a la propiedad y posesión de tierras ancestrales del pueblo A’i Cofán de Sinangoe: análisis de la sentencia No. 273-19-JP/22 de la Corte Constitucional del Ecuador

Abstract

El presente trabajo analiza la protección constitucional del derecho a la propiedad y posesión de tierras ancestrales del pueblo A’i Cofán de Sinangoe, a partir de la Sentencia No. 273-19-JP/22 de la Corte Constitucional del Ecuador, que constituye un hito en la jurisprudencia constitucional y en la defensa de los derechos colectivos. El objetivo central de la investigación fue examinar el alcance de la protección constitucional de la propiedad ancestral, mientras que los objetivos específicos se orientaron a fundamentar doctrinaria y jurídicamente los derechos colectivos, analizar la sentencia en cuestión e identificar sus efectos jurídicos y prácticos en el reconocimiento de territorios indígenas. La investigación evidencia que la Corte Constitucional reconoce que la propiedad y posesión ancestral no dependen de títulos otorgados por el Estado, sino de la ocupación histórica y la relación espiritual y cultural con la tierra. En consecuencia, este derecho goza de protección reforzada frente a actos estatales o concesiones extractivas que vulneren la integridad del territorio. De igual manera, se determinó que la consulta previa, libre e informada (CPLI) constituye una condición habilitante para cualquier medida estatal que pueda afectar territorios indígenas, y su omisión invalida los actos administrativos que desconozcan los derechos colectivos. Asimismo, el fallo ratifica la importancia del principio de precaución ambiental y de la reparación integral intercultural, que incluye medidas de satisfacción, garantías de no repetición y restauración ecológica. En términos prácticos, la sentencia genera obligaciones claras: el saneamiento y delimitación de tierras, la anulación de concesiones mineras irregulares, y el reconocimiento de los sistemas comunitarios de control y vigilancia ambiental. De esta manera, se afianza un precedente vinculante que articula el bloque de constitucionalidad nacional e interamericano, fortaleciendo la vigencia de un Estado plurinacional e intercultural. En conclusión, el caso Sinangoe no solo reafirma los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que también proyecta un modelo de constitucionalismo transformador en Ecuador, donde los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza se integran en la defensa de los territorios ancestrales.