La deficiente obtención de evidencias en la etapa de instrucción fiscal vulnera los derechos de los procesados en la provincia de Tungurahua en el primer semestre del año 2011

Abstract

Las etapas penales contemplan procedimientos que contiene y garantizan derechos y principios constitucionales, lamentablemente las reformas que ha sufrido la norma adjetiva ha evidenciado una serie de vulneraciones para los sujetos procesales, considerando que el Código de Procedimiento Penal se ha convertido en un instrumento esencial para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona, es descabellado atribuir facultades a los jueces penales para excluir las pruebas, siendo que el mismo cuerpo legal permite que los elementos de convicción se transformen en pruebas en la etapa de juicio, en esta caso al juez será pertinente que excluya las pruebas enunciadas, sin que pueda valorarlas porque al Tribunal le corresponde, con ello se demuestra que los procesados no tienen garantías jurídicas ni mucho menos se cumplen con los derechos que se encuentran envestidos, como es posible que una acusación por medio de los fiscales en sus dictámenes llame a juicio al procesado sobre las distintas pruebas deficientes obtenidas por la fiscalía, se recalca que no es competencia del juez examinar las pruebas presentas sino que está atribución le corresponde al Tribunal Penal, quien tiene la libertad de excluir las pruebas conforme el procedimiento y mecanismos incorporados en nuestra Constitución, sobre todo respecto al principio constitucional de la validez de la prueba, y que lastimosamente, están siendo pisoteados dejando en indefensión al procesado al realizar atribuciones que no le corresponde al juez y con ello excluir en muchos casos el anuncio de las pruebas que pueden favorecer a la vida del procesado o de hundirlos, en relación a ello se debe cumplir con los parámetros constitucional y jurídico.