La puntualidad en audiencias de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano y sus efectos procesales.

Abstract

Este trabajo de investigación aborda el problema jurídico que consiste en determinar ¿Cuál es el efecto procesal del incumplimiento de puntualidad en audiencias de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano?, siendo que no se ha legislado hasta el momento de forma expresa, pese a existir norma conexa, que suple, en cierta forma, esta anomia, la hipótesis planteada es que, la nulidad debe ser el efecto procesal del incumplimiento de puntualidad en audiencias y es respaldada cuando, por medio de la casuística, el estudio de caso y la revisión documental aplicados en el análisis de la sentencia emitida por la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la causa identificada con el número de proceso 17203-2018-02719, tuvo como resultado que, la instalación tardía de las audiencias es una práctica común, que los juzgadores toman con ligereza la disposición legal de puntualidad en el COGEP y a pesar de ser obligatoria, sin efecto jurídico expreso, su incumplimiento no es propiamente justiciable en segunda instancia como fundamento de nulidad procesal, esto de acuerdo al (Código Orgánico General de Procesos, 2015) “Solamente se podrá declarar la nulidad de un acto procesal en los casos en los que la ley señale” (art. 107), concluyendo que, la instalación tardía de las audiencias es un fenómeno real, que los juzgadores en conocimiento de que la puntualidad no es una causal de nulidad, logran eludir esta disposición, que este fenómeno provoca múltiple vulneración de derechos y garantías del debido proceso, pero más importante, en la misma codificación, existe una norma prohibitiva que coarta el recurrir el fallo solicitando la nulidad por falta de puntualidad en la audiencia, al no ser una causal expresa; en tal sentido, la propuesta para el problema es una moción parte del proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos.