El principio de proporcionalidad aplicado al régimen administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador

Abstract

El problema respecto de la norma que se presume su inconstitucionalidad, el Art. 48 de la COESCOP, desarrolla que; la destitución se reconoce como un acto administrativo, por el que los servidores son cesados de manera definitiva del servicio o la entidad que sean dependientes de forma orgánica, porque precisamente se ha cometido una falta que se determine como muy grave o por la reincidencia de dos faltas graves en un periodo de un año que se cuenta a partir de la primera falta. Es precisamente en la reincidencia de las dos faltas graves, que se puede determinar la afectación al principio de proporcionalidad. El objetivo de la presente investigación es: Determinar cómo se afecta el principio de proporcionalidad en las sanciones aplicadas por el régimen administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador. La idea a defender es ¿Existe principio de proporcionalidad en las sanciones aplicadas al Régimen Administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador? El enfoque metodológico en la presente investigación es el cualitativo de carácter descriptivo. Respecto los resultados, las sanciones, con relación a la primera falta, se entendería que ya está juzgada, la segunda sanción sería la que se comete en un año, lo que se determina una segunda sanción por un nuevo hecho y la tercera sanción es la destitución, de esta manera, se verifica tres sanciones respecto de un hecho. Se concluye que, la norma que se acusa como inconstitucional, transgrede varios derechos, valores, y principios constitucionales, como la igualdad formal y no discriminación, proporcionalidad, prohibición de doble juzgamiento, seguridad jurídica. Estos componen las razones por las cuales el Régimen Administrativo Disciplinario de la Policía Nacional del Ecuador, específicamente el Art.48 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadanía y Orden Público, contraviene el estándar constitucional en la protección de derechos fundamentales.