La yuxtaposición de la acción extraordinaria de protección frente a la acción de incumplimiento de sentencia constitucional: análisis de la sentencia no. 0042-17-sis-cc, de la corte constitucional del ecuador.

Abstract

La presente investigación aborda la problemática respecto a la yuxtaposición de la acción extraordinaria de protección frente a la acción de incumplimiento de sentencia constitucional, generada a raíz de la sentencia No. 0042-17-SIS-CC, de fecha 30 de agosto del 2017, de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la cual, se fija como regla jurisprudencial que ante la interposición de manera simultánea de éstas dos garantías jurisdiccionales sobre una misma decisión judicial emitida dentro de un proceso constitucional, se debe dar prioridad a la tramitación de la acción extraordinaria de protección sobre la acción de incumplimiento de sentencia constitucional; para ello nos hemos planteado como objetivos, determinar la naturaleza jurídica de las señaladas acciones, y su aplicación en el marco jurídico ecuatoriano; así como analizar la jurisprudencia constitucional contenida en la sentencia referida en líneas anteriores, y cuáles son los efectos o consecuencias que genera dicha decisión. Por consiguiente, para el desarrollo de la investigación hemos aplicado los métodos de investigación deductivo y análisis de casos, esto nos ha permitido llegar a la conclusión de que la regla jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No.042-17-SIS-CC; caso No. 0018-12-IS, genera una yuxtaposición entre las referidas garantías jurisdiccionales, y crea un problema en cuanto a la operatividad de la ejecución y cumplimiento de la decisión judicial ejecutoriada en materia constitucional, además de contravenir lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana, en la que se determina que todas las sentencias en materia constitucional son de inmediato cumplimiento, de la misma manera se contrapone con el derecho constitucional de tutela judicial efectiva, así como con los principios que rigen a la administración de justicia constitucional, específicamente el principio de eficacia y celeridad que rige a las garantías jurisdiccionales.