Eliminación de la tabla de consumo de drogas en la legislación ecuatoriana y sus consecuencias jurídicas

Abstract

En la actualidad, Ecuador está atravesando un período de transformación caracterizado por cambios legales y sociales que afectan significativamente la vida de sus ciudadanos. Uno de los principales desafíos es el aumento del tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en las zonas más vulnerables. Esta situación ha generado preocupación en la población, lo que ha llevado al gobierno a reconocer la necesidad de implementar nuevas políticas, programas y planes que aborden el problema desde diferentes perspectivas; tales como: culturales, jurídicas y sociales. Por consiguiente, el presidente Daniel Noboa decidió eliminar la "tabla de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo personal", establecida en la Resolución No. 001-CONSEP-CD-2013, con el fin de reducir el tráfico ilícito de drogas. Esta medida dio lugar a un intenso debate a nivel nacional y, aunque inicialmente creó un vacío legal, fue rápidamente solventado por la resolución No. 14-2023 de la Corte Nacional de Justicia. A pesar de los esfuerzos de la Corte por establecer parámetros para la investigación, judicialización y sanción del tráfico de drogas, así como para proteger a los consumidores en concordancia con el Art. 364 de la Constitución, la complejidad de la situación se mantiene. La eliminación de estos umbrales ha llevado a la criminalización y a la vulneración de los derechos constitucionales de los consumidores de drogas. Esto resalta la necesidad urgente de desarrollar nuevas políticas públicas sobre drogas en el país, inspiradas en sistemas de regulación de drogas implementados en otros países que han demostrado su efectividad. Por ejemplo, la experiencia de Uruguay, que ha regulado el mercado del cannabis, ofrece lecciones valiosas sobre cómo abordar el consumo de sustancias desde un enfoque de salud pública en lugar de uno punitivo, contribuyendo a reducir el hacinamiento carcelario y promoviendo un enfoque de derechos humanos hacia los consumidores.