La seguridad jurídica en los derechos laborales, análisis de la sentencia en el caso N° 2209-11-EP

Abstract

En el presente trabajo se realizó un análisis crítico de la sentencia con el caso número 2209-11- EP, dictada por la Corte Constitucional, en la que señor Julio Vega presentó una acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia de la Corte nacional de Justicia, en la que se vulneró los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y debido proceso en garantía de la motivación, establecidos en los artículos 82 y 76 numeral 7 literal l, respectivamente de la constitución del ecuatoriano. En el proceso judicial se vulneró en primera y segunda instancia el derecho a la estabilidad laboral constante en el contrato colectivo previo, declarándolo como nulo y en casación se vulneró el derecho a la seguridad jurídica, por cuanto el contrato suscrito previo al proceso judicial fue claro, publico, exigible y de carácter obligatorio para las partes y, además fue vulnerado el derecho al debido proceso en garantía de la motivación, porque no se motivó la sentencia que rechazaba el recurso de casación. En consecuencia, la Corte constitucional mediante su sentencia garantizó efectivamente los derechos vulnerados y resolvió la reparación integral de los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso en garantía de la motivación, dando de esta forma validez a los contratos colectivos, que garantizan la estabilidad laboral, con lo que retrotrae el proceso para que con esta sentencia de la corte constitucional que es de carácter vinculante mediante otro juzgador garantice estos derechos vulnerados al accionante, por la parte accionada, en conclusión y al ser demostrada la vulneración de los derechos de las personas por alguna acción u omisión de los administradores de justicia, estos deben considerar todas las fuentes del derecho para la toma de sus decisiones y emitir las resoluciones o sentencias motivando en base a la jurisprudencia, al acuerdo de las partes y a todos los instrumentos que garanticen mayor protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando de esta manera el derecho constitucional a la seguridad jurídica y al debido proceso en garantía de la motivación.