La constitucionalidad del artículo 35.3 del Acuerdo Ministerial No. 0042 y el derecho a la igualdad. Análisis de la sentencia 72-20-IN/23

Abstract

En el Ecuador, país soberano donde la Constitución y la democracia son fundamentales, bajo el principio de igualdad ante la ley se considera esencial para garantizar la protección de las libertades y derechos individuales. Promover la igualdad se convierte en un desafío constante para los Estados, ya que implica eliminar cualquier forma de discriminación y establecer bases justas para ejercer los derechos. En Ecuador, el requisito de estatura mínima para aspirantes a la policía ha generado controversias sobre la equidad de oportunidades. La investigación se centra en el análisis del artículo 35.3 del Acuerdo Ministerial No. 0042 (2021), a la luz de la Sentencia 72-20-IN/23. Esta sentencia aborda la exigencia de estatura mínima para la policía en Ecuador y su posible violación del derecho a la igualdad. Se examinarán disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el requisito, así como estándares internacionales de derechos humanos. La admisión a la Policía Nacional es un tema importante en muchos países, incluyendo Ecuador. Los criterios de selección son cruciales para un desempeño eficiente. Sin embargo, surge la preocupación de que estos requisitos puedan vulnerar derechos. La igualdad y no discriminación son fundamentales en las constituciones democráticas. Sin embargo, en el ingreso a la policía, se han visto prácticas que podrían infringir estos derechos, generando cuestionamientos sobre la justicia del proceso de selección. Es esencial tener una policía diversa y representativa. Una selección basada en criterios equitativos promueve la igualdad de oportunidades y la confianza ciudadana en la seguridad pública. Se analizarán diferentes perspectivas sobre el tema, a favor y en contra, desde los derechos humanos. De esta manera, la investigación busca aportar al debate público y jurídico sobre la constitucionalidad de la exigencia de estatura mínima. Se busca proponer políticas y reformas que promuevan la igualdad y el respeto de los derechos en la seguridad ciudadana.