El debido proceso en la fase de ejecución, de juicios ejecutivos en el ordenamiento ecuatoriano

Abstract

El debido proceso constituye un derecho fundamental que debe ser garantizado en cualquier procedimiento judicial. La fase de ejecución y los juicios ejecutivos exhiben particularidades significativas. Esto se debe a que estos procesos a menudo no cumplen con todas las formalidades esenciales de un procedimiento legal y, en su lugar, se llevan a cabo según el criterio del funcionario o juez encargado. En la fase de ejecución de juicios ejecutivos, el debido proceso implica que se deben respetar los derechos de todas las partes, incluyendo el demandante y el demandado. Esto incluye el derecho a ser notificado adecuadamente de los procedimientos, el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a impugnar las decisiones judiciales. El propósito central de esta investigación es examinar el cumplimiento del debido proceso en la fase de ejecución de los juicios ejecutivos dentro del marco jurídico ecuatoriano. Para ello, se adoptó un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico-explicativo, basado en una revisión documental bibliográfica y un método exegético. Durante la tramitación de los juicios ejecutivos, las instituciones acreedoras persiguen la cancelación de las obligaciones contraídas por los deudores. En este contexto, se ha observado que algunos jueces, quienes desempeñan un rol crucial en estos procesos, han infringido el debido proceso. Los demandados frecuentemente no han ejercido su derecho a la defensa, y las decisiones tomadas han favorecido sistemáticamente a las solicitudes institucionales. Es evidente la necesidad de una regulación específica en la legislación que aborde la fase de ejecución, con el fin de prevenir la violación del derecho al debido proceso y proteger los bienes del procesado.